¿Temen nuestros obispos a los militares?
No sólo se han abstenido de promover la reducción del abultado presupuesto que el país destina a defensa, sino que han guardado inexplicable silencio ante la propuesta de suprimir el servicio militar obligatorio
UNO DE LOS MAYORES logros de los que puede enorgullecerse el Gobierno del Presidente Patricio Aylwin al cabo de dos años de tránsito a la democracia consiste en la recuperación de la convivencia pacífica entre los chilenos. Las acciones de algunos grupos violentistas y el auge de la delincuencia han segado numerosas vidas y causado enorme dolor e importantes pérdidas materiales, pero es indiscutible que el país ha conseguido superar el clima de guerra interna que era consustancial al régimen que encabezaba el general Augusto Pinochet.
La conducta responsable de los pobres y de los asalariados ha contribuido significativamente al éxito de esta etapa de transición. Si ellos hubiesen presionado con impaciencia por sus reivindicaciones, habrían menudeado los paros y las movilizaciones sociales, configurándose un clima de caos que habría causado graves perjuicios económicos y una aguda inestabilidad política.
Esta ejemplar transición a la democracia ha sido posible merced, asimismo, a que el país ha estado dispuesto a seguir entregando a los militares un porcentaje desmesurado del presupuesto nacional. Así, aunque la reforma tributaria permitió el año pasado encauzar alrededor de 300 millones de dólares adicionales en favor de los más pobres, Chile sigue gastando en defensa 4,5 veces más que en vivienda; casi el triple que en salud; y del orden de nueve veces más que en justicia. El presupuesto de las fuerzas armadas bordeará este año los 850 millones de dólares, cifra a la que hay que sumarle el 10% de las ventas de Codelco.
Ello es consecuencia de leyes de amarre que dejó la dictadura militar y que las actuales autoridades han preferido no modificar, entendiendo que se trata de un costo ineludible para la transición. En privado, diversas autoridades señalan que los altos mandos de las fuerzas armadas estarían dispuestos a aceptar un programa gradual de rebajas del gasto en defensa, pero advierten que resulta utópico pensar en ningún avance sustantivo en este terreno mientras siga al frente del Ejército el General Augusto Pinochet. Es decir, a menos de que Dios disponga otra cosa, habría que esperar hasta 1998.
La política es el arte de lo posible. Los gobernantes que se dejan llevar por el voluntarismo acaban mal y ocasionan a menudo a sus pueblos grandes sufrimientos. Por eso, es comprensible que la administración del Presidente Aylwin haya optado por la convivencia con el General Pinochet, con los elevados costos que ello supone, en el entendido que se trata del mal menor.
Pero la Iglesia, llamada a ser conciencia moral de la sociedad, no tiene por qué hacer cálculos este tipo. Por eso es extraño que el Episcopado, que salvo penosas excepciones se jugó por entero por el respeto de los derechos humanos y la defensa de la suerte de los pobres, postura que lo llevó a fuertes choques con el régimen del General Pinochet, haya asumido durante la transición una actitud casi timorata frente a los militares.
SILENCIO ANTE UN GASTO EXCESIVO
Los pobres están igual que antes y algunos de ellos incluso peor, denunció hace algunos meses el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Carlos González, evidenciando su impaciencia ante la lentitud de los avances en este campo. Es extraño entonces que ni siquiera los más lúcidos y corajudos obispos hayan parado mientes en lo abultado del presupuesto que el país debe destinar a defensa.
El recorte de los gastos por este concepto permitiría acrecentar el ahorro del sector público, indispensable para la consolidación de la actual estrategia exportadora, o bien acrecentar los fondos asignados al gasto social, con el impacto consiguiente sobre la suerte de los pobres.
Parte no despreciable del gasto militar se destina no precisamente a la defensa del país ante eventuales agresiones del exterior, sino que a lujos inaceptables. Hay que conocer el Club Militar, los suntuosos automóviles que utilizan las decenas de generales que tiene el Ejército (el doble de los que había antes del régimen autoritario, pese a que el número de efectivos no ha aumentado), y las generosas pensiones que reciben los oficiales o sus supervivientes para percatarse de que el país podría muy bien reducir sus gastos en defensa sin incurrir en peligro alguno para su integridad territorial.
Un tecnócrata puro, como el presidente del Fondo Monetario Internacional, el francés Michel Camdessus, tuvo durante una reciente visita a Chile la audacia de decir con todas sus letras que es imprescindible reducir el gasto en defensa, planteamiento que ha formulado ya a escala mundial, aduciendo el término de la guerra fría, y que le ha valido severas críticas por parte de grupos conservadores y, por cierto, de los traficantes de armas.
El Papa Juan Pablo II no ha escatimado su apoyo a la propuesta de Camdessus, al insistir ante las naciones ricas en "la necesidad de que los recursos destinados a gastos militares en el enfrentamiento Este-Oeste se usen para el progreso de los países que aún no gozan de una justa distribución de la riqueza". Considera el Papa que el cambio del contexto internacional, vale decir la superación de la guerra fría, permitirá "dar a los pueblos una oportunidad sin precedentes para trabajar en favor del desarrollo".
Los obispos chilenos parecen no haberse enterado del llamamiento de Juan Pablo. Así, no sólo no han pedido en forma explícita la reducción del abultado presupuesto que el país destina a defensa, sino que han guardado inexplicable silencio ante la propuesta de algunos sectores políticos de suprimir el servicio militar obligatorio. Los mismos que se han manifestado escandalizados por la alusión a los condones en la campaña de prevención del SIDA, han guardado silencio ante la iniciativa de que los jóvenes que tomen en serio su compromiso cristiano ("No matarás") o su adhesión a los valores humanistas sean eximidos de la obligación del servicio militar, a cambio de un período de servicio a la comunidad.
REALISMO E INTERESES CREADOS
Es probable que la actitud de nuestros obispos esté inspirada en ese realismo aplastante con que a menudo muchos hombres de Iglesia evalúan las cosas de este mundo, con la sola exclusión de aquellas relativas al sexo. La violencia siempre ha existido sobre la tierra y es propia de la fragilidad de la condición humana, dicen los realistas. De allí a la bendición de las armas y a las arengas de capellanes a las tropas para que liquiden sin compasión a los enemigos "porque el Señor lo quiere" no hay demasiada distancia. Dios y la bandera pasan a quedar en el mismo plano, en flagrante violación del mandamiento de adorar sólo al Señor.
"Hay que ser realistas; la fabricación de armas y su venta comenzó con la aparición del hombre en la tierra y sólo se terminará el día del juicio final. Tampoco habrá verdadera paz mientras el hombre sea como es y no se libere de todas sus pequeñeces y debilidades. Indudablemente hay que desplegar todos los esfuerzos para vivir en paz, pero conscientes de los peligros que nos acechan permanentemente" ha argumentado el almirante en retiro Fernando Navajas Irigoyen.
Pero los que se creen realistas porque opinan así no lo son tanto. A menudo sirven intereses mezquinos de traficantes de armas o se manejan con ideas un tanto añejas, haciendo así de tontos útiles de los primeros.
Interesantes resultan en este sentido los hallazgos efectuados por el científico español Santiago Genovés, autor de 30 libros y 250 publicaciones especializadas, director del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de México, quien se hizo famoso por el experimento de la balsa Acali, que cruzó el Atlántico en 1973 con 11 tripulantes para estudiar el comportamiento humano. "La búsqueda del poder fue el primer factor de violencia en nuestra balsa y lo es en el planeta", afirma. En su último libro explica por qué la violencia en el hombre tiene origen cultural, es decir es impuesta por el medio, y no biológico, conclusión de un grupo de expertos que ha sido adoptada por la Unesco como Declaración sobre la Violencia.
Genovés resume los puntos de la mencionada Declaración:
"La violencia no está genéticamente determinada; no nos viene de nuestro pasado animal; no tenemos una localización para la violencia en el cerebro como la tenemos para otras funciones; y no es hereditaria" Esto prueba que Europa no está tan extremadamente "paganizada", como pretenden algunos.
Antes de dicha Declaración, mucha gente sostenía, comenta el antropólogo, que el comportamiento violento es innato en el hombre. "En nuestro pasado animal no tenemos ningún dato serio de que haya lucha intraespecie institucionalizada y generalizada", afirma Genovés. Agrega que en las especies, con poquísimas excepciones, los animales no se matan entre sí:
"En la selección natural y la supervivencia de la especie no prima el más fuerte; ésa es una interpretación errónea de Darwin, porque la selección, a nivel biológico, viene dada por el número de genes que una población transmite a la siguiente generación". Tampoco hay datos, según él, para decir que existe violencia animal entre las especies: "Los tiburones, los leones o las serpientes no atacan, sino que comen".
Su conclusión es rotunda. "La violencia es de origen cultural, por diferencias de concepciones de vida, históricas, tradiciones, económicas o políticas, que no tienen los leones o las cucarachas".
OBJECIÓN DE CONCIENCIA Y PROGRESO MORAL
Ya hay 25 países en el mundo, entre ellos España, Francia, Holanda, Noruega, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Austria, Italia, Alemania, que poseen un estatuto del objetor de conciencia, normativa que reconoce el derecho a las personas a renunciar al servicio militar por razones éticas y a optar por un servicio social alternativo a la comunidad. Esta fórmula coexiste con las disposiciones legales que reglamentan el servicio militar.
El hecho de que en tantos países se haya regulado a través de la ley la objeción de conciencia pone de manifiesto que ella no afecta para nada la seguridad de cada uno de ellos. Es más, en 1977 el Consejo de Europa aprobó unánimemente una resolución, indicando que deberían beneficiarse del estatuto legal del objetor de conciencia de la manera más amplia "las personas que, por motivos de conciencia o por razón de una convicción profunda de orden religioso, ético, moral, humanitario, filosófico u otro de la misma naturaleza, se niegan a realizar el servicio armado".
La propia Iglesia ha alentado este indudable avance moral. Ya el famoso documento Gozos y esperanzas, del Concilio Vaticano II, sostuvo que "parece razonable que las leyes tengan en cuenta, con sentido humano, el caso de los que se niegan a tomar las armas por motivos de conciencia y aceptan al mismo tiempo, servir a la comunidad de otra forma". El Papa Pablo VI apuntó en su Encíclica Populorum Progressio: "Sentimos viva satisfacción al saber que en ciertas naciones el servicio militar puede convertirse, en parte, en un servicio social. Bendecimos estas iniciativas y la buena voluntad de quienes las secundan". Y Juan Pablo II ha tenido palabras de caluroso elogio a los objetores de conciencia en Italia, calificándolos de profetas de un nuevo mundo.
Vale la pena señalar que en los países donde la objeción al servicio militar es un derecho se está imponiendo la idea de que las convicciones íntimas de los objetores no pueden ser cuestionadas o puestas en tela de juicio, en razón del principio de la inviolabilidad de la conciencia.
¿Y EN CHILE?
Aducirán algunos que el servicio militar puede inculcar ciertos valores a los jóvenes, tales como prestancia en el cumplimiento del deber, amor a la Patria, sentido de honor, espíritu de sacrificio, apertura al heroísmo. Pero uno puede contrarreplicar que la entrega de tales valores y virtudes no es absoluto monopolio de las entidades castrenses.
"Inspirado en mis convicciones de paz, aspiro a que se regule legalmente la objeción de conciencia Chile. Estoy convencido de que las cosas de los hombres deben ser tratadas con humanidad, y no por la violencia; de que el recurso a las armas no debería ser considerado como el instrumento adecuado para solucionar los conflictos; de que las tensiones y los problemas deben ser arreglados por negociaciones razonables y no por la fuerza; y de que no está permitido matar para imponer una solución". Son los argumentos de uno de los tantos jóvenes que apoyan la objeción de conciencia en Chile, según carta aparecida en la prensa.
Las palabras de ese joven interpelan no sólo a las autoridades de Gobierno y a los parlamentarios, sino también a nuestros obispos. El silencio que ellos han mantenido hasta ahora en ésta como en otras materias relacionadas con los militares resulta inexplicable para muchos creyentes y hombres de buena voluntad que se han jugado a fondo por el éxito de la transición a la democracia, de la reconciliación y de la lucha contra la pobreza. Y de quienes están empeñados en construir la paz.