Salario mínimo: Doctrina Social y demagogia

TRAS SEMANAS DE arduas negociaciones entre la Central Única de Trabajadores, las autoridades económicas y los empresarios, se ha llegado a un acuerdo acerca del reajuste que experimentará el salario mínimo a partir de junio. El tema tiene claras connotaciones no sólo económicas y sociales, sino también éticas, estrechamente asociadas a la doctrina social de la Iglesia Católica.

Digna de aplauso es la buena voluntad de empresarios y trabajadores para agotar las negociaciones y ceder, sobre todo los segundos, una cuota apreciable de reivindicaciones cuya legitimidad es indiscutible, toda vez que buscan recuperar posiciones perdidas durante la crisis y el posterior ajuste estructural. Este ánimo de construir acuerdos tiene mucho que ver con aquello de "bienaventurados los que procuran la paz".

La actitud de la parte sindical es más encomiástica si se considera que algunos analistas provenientes de las filas de la Iglesia, movidos por las mejores intenciones, han cuestionado en el último tiempo la lentitud de los avances sociales y económicos. "Es de esperar que después de un año de ajuste, se le anuncien efectivamente 'buenas noticias' a los pobres, quienes siguen constituyendo del orden del 40% de las familias chilenas, esto es unos 5 millones de personas", escribió uno de ellos.

Destacable resulta también el hecho de que las tres partes involucradas hayan llegado a las negociaciones manejando criterios comunes en torno de los parámetros que deben tenerse en cuenta para determinar el salario mínimo.

Tradicionalmente los trabajadores organizados han puesto todo el acento en la inflación pasada, con lo que sus peticiones han procurado "recuperar" el poder adquisitivo perdido, actitud comprensible, ya que resulta más difícil cuando se carece de conocimientos técnicos, entender que la capacidad de compra depende tanto de la variación pasada como de la futura en el nivel de precios.

La aceptación de que la trayectoria de los salarios debe guardar estrecha relación con la de la productividad constituye otro avance conceptual notable, ya que revela que la dirigencia sindical comprende que las mejoras salariales no pueden conseguirse a costa del empresariado, sino, básicamente, como consecuencia de un incremento real del tamaño de "la torta" y de la competitividad del país. Por último, es también acertada la consideración del probable impacto del alza del salario mínimo sobre nivel de empleo, lo que revela que la dirigencia sindical está dispuesta a cautelar los derechos no sólo de sus actuales afiliados (los que tienen ocupación), sino de quienes buscan o buscarán trabajo.

MECANISMO OBSOLETO

Con todo, se acumulan indicios de que el mecanismo del salario mínimo legal es inadecuado. Quienes adhieren a una visión un tanto añeja de la Doctrina Social de la Iglesia no pueden cerrarse ante esta realidad, que exige reformular el planteamiento del salario mínimo.

Economistas afines al actual Gobierno han reconocido la complejidad que entraña la fijación de este precio tan crucial en la economía. Si su nivel resulta muy bajo, pierde el rol de promoción para los sectores sujetos a ese beneficio; y si es muy alto, puede afectar las nuevas contrataciones. Este último resultado se explica porque cuando el empleador ve encarecida la mano de obra la sustituye por equipos y maquinaria, efecto que cobra mayor importancia en un escenario en el que las tasas de interés y la inflación tienden a la baja y en el que predomina la idea de que el salario mínimo seguirá siendo revisado periódicamente hacia el alza. Por esta vía, entonces, existe el peligro de que se incremente la cesantía.

Del lado de la oferta, un alza sostenida del salario mínimo real impulsa a un número creciente de personas, muchos de ellos estudiantes, mujeres y jubilados, a incorporarse a la fuerza laboral. La suma de estos dos efectos, aumento de cesantes y de aquellos que buscan trabajo por primera vez, provoca un aumento en la tasa global de desocupación. Aunque se trate de un fenómeno básicamente estadístico, es claro que tal aumento de la cesantía dificultaría la gestión del equipo económico y podría complicar las relaciones con los trabajadores organizados. Al mismo tiempo el aumento en la oferta de mano de obra hace que el salario de equilibrio caiga por debajo del nivel original. Esto incentiva la realización de masivas contrataciones al margen de ley, lo que se traduce en evasión de impuestos y en graves perjuicios para un gran segmento de trabajadores, que se ven privados de previsión social y de otros beneficios asociados a una ocupación formal.

El salario mínimo se va revelando así como un instrumento ineficiente para el logro de una meta que no puede ser descuidada por el sistema democrático, cual es el avance hacia la erradicación de la extrema pobreza y el logro de grados crecientes de equidad en materia de oportunidades. Por mucha que sea la buena voluntad y la madurez de las partes, la existencia de un mecanismo ineficiente desembocará en tensiones e incertidumbres, primero, y más tarde en distorsiones de precios y en la toma de decisiones que son muy superiores a los costos imprescindibles. No es aventurado postular que las negociaciones tendrán a hacerse cada vez más difíciles. La insistencia en este mecanismo por parte de la Iglesia podría entonces terminar revelándose como fruto de una ignorancia culpable, que envuelve el peligro de llegar a confundir la ética social con la demagogia.

REFORMULAR DOCTRINA DEL SALARIO MÍNIMO

No estamos proponiendo la simple supresión del salario mínimo. Eliminarlo sin más sería ignorar que la democracia y la estabilidad política y social tienen como una de sus principales bases de sustentación el avance sostenido hacia una mayor equidad y que, por el contrario, la agudización de las desigualdades es el mejor caldo de cultivo para el terrorismo y las convulsiones, que tanto dañan provocan sobre la actividad productiva y las posibilidades de inversión. Desde el punto de vista cristiano, significaría menospreciar un valor ético fundamental.

Lo que sugerimos es reemplazar el salario mínimo por un ingreso mínimo familiar, financiable mediante subsidios, esto es con cargo a todos los chilenos, y a no a los que contratan mano de obra.

La creación de este instrumento, cuyas características más específicas urge comenzar a discutir, debate que la Iglesia debiera promover, aseguraría a todos chilenos un ingreso siquiera mínimo, acorde con la realidad económica del país y la conciencia ética de la sociedad, y evitaría la introducción de distorsiones en el mercado laboral que a la postre parecen perjudicar a los más pobres. El empresario podría ofrecer el salario que quisiera … otra cosa es que hallara alguien dispuesto a aceptarlo. Pero quienes aceptaran un salario muy bajo, porque no les queda otra alternativa, recibirían un suplemento hasta enterar el ingreso mínimo que la sociedad está en condiciones de pagar.

Cierto es que León XIII acuñó el concepto del salario mínimo. Pero el mejor homenaje que se puede rendir a la Doctrina Social de la Iglesia, un siglo después de la Rerum Novarum, es la revisión de planteamientos que han quedado obsoletos y que son, por eso mismo, ineficientes.