Ante el aborto de la ley de divorcio

REMOTAS PARECEN, al menos en el mediano plazo, las posibilidades de que el interés de algunos partidos oficialistas de legislar sobre el divorcio en Chile llegue en definitiva a cristalizar. A la resuelta oposición de la mayoría de los parlamentarios de los partidos de Derecha y de la Democracia Cristiana se agrega la comprensible renuencia del Gobierno, que, acosado por los problemas propios de la transición y las dificultades que impone la coyuntura económica, seguramente no querrá abrirse otro flanco que pudiere degenerar en pugnas entre sus propios partidarios.

Lo inoportuno de la propuesta y la torpeza con que fue planteada a la opinión pública sugieren pues que ha abortado otro de los tantos intentos de legislar sobre el divorcio que se han acometido en Chile durante las últimas décadas. Este resultado probable puede ser visto como un éxito clamoroso de la jerarquía católica chilena, máxime si se considera que ella no tuvo necesidad de exigirse a fondo para conseguirlo.

Sin embargo, un análisis más detenido lleva a comprobar que no hay razón para dejarse llevar por el triunfalismo. Porque el fracaso de la iniciativa no aliviará ni un ápice la grave crisis que vive la institución de la familia en Chile. Y porque es probable que en un contexto político menos precario que el actual, cuando el país viva al fin en un régimen claramente democrático, el debate resurgirá.

Para entonces, existe el peligro de que nuestra Iglesia, en lugar de formular una propuesta que tome de veras en cuenta la realidad y el pluralismo de la sociedad chilena, insista en fórmulas miopes, carentes de creatividad, que desemboquen en una salida peor de la que podría obtenerse para el país y para los cristianos. En suma, no es descartable que la jerarquía eclesial cometa los mismos errores tácticos que llevaron a la Iglesia italiana, encabezada por el mismísimo Juan Pablo II, a una sonada derrota plebiscitaria sobre este mismo tema a fines de los años setenta.

A LA BÚSQUEDA DE UN CONSENSO

Entre quienes no son católicos, la cerrada oposición de la Iglesia a que se me legisle sobre el divorcio provoca irritación, sentimiento que alcanza incluso a quienes le profesan admiración y gratitud por su consecuencia en la defensa de los derechos humanos y el servicio a los más pobres.

La Iglesia, convencida de la seriedad del compromiso matrimonial y fiel a la enseñanza de su Maestro, se opone absolutamente al divorcio con disolución de vínculo, contribuyendo con ello a fortalecer la institución más fundamental de la sociedad humana. (Un enfoque ético-cristiano de la vida y de la sexualidad. Comisión doctrinal de la Conferencia Episcopal)

La invocación de la enseñanza de Jesús es un recurso válido para los cristianos; pero puede ser hasta contraproducente ante quienes no lo son. Hay que considerar que incluso muchas iglesias cristianas aceptan el divorcio como un mal menor, de manera que es preciso tener la humildad de reconocer que ni siquiera todos los creyentes en el Maestro sustentan una postura única en materia de indisolubilidad matrimonial.

Ahora bien, la crisis de la familia en Chile es un hecho innegable, del cual las nulidades fraudulentas no son más que un tímido reflejo. La parlamentaria que propuso legislar sobre el divorcio y el arzobispo de Santiago están implícitamente de acuerdo en este diagnóstico, cosa que es preciso destacar en una época en que hay que poner de relieve los puntos consensuales.

Escribió Monseñor Oviedo, arzobispo de Santiago: “Sobre el divorcio, se hace urgente que los políticos estudien acuciosamente y desde un enfoque multidisciplinario el grave problema que significa la ruptura matrimonial, a fin de que propongan alternativas creativas que permitan paliar este mal. (Los católicos y la política)

Es un gran paso adelante. Recuérdese que el anterior régimen se negó a considerar el problema, siguiendo la política del avestruz, como si el hecho de no legislar bastara para detener la estampida de separaciones que comenzó a producirse en Chile desde fines de los años setenta.

En aras, precisamente, de la búsqueda de acuerdos útiles para el conjunto de la sociedad chilena entre quienes profesan distintas concepciones del hombre, quienes no son católicos podrían procurar ser un poco más cuidadosos con sus palabras y planteamientos, algunos de los cuales generan resistencias casi instintivas de parte de la Jerarquía católica. Y ésta debe respetar el pluralismo creciente que impera en la sociedad chilena, evitando vetos o condenas propios de otra época.

ESTABILIDAD FAMILIAR: OBJETIVO NACIONAL

El quiebre del matrimonio ocasiona un dolor enorme al menos a una de las partes —la mayoría de las veces a las dos— y a los hijos en común. ¿Quién podría decir, entonces, que es "partidario" del divorcio?

La estabilidad de la familia ha de constituir un objetivo para cualquier político sensato, sea cual fuere su orientación política o ideológica. Curiosamente, uno encuentra a menudo en los supuestos "progresistas" una actitud individualista en estas materias, tipo "¿qué se tiene que meter la sociedad en los problemas íntimos de las personas?". Más que progresistas, son ignorantes o irresponsables. ¿De dónde proviene el grueso de los delincuentes juveniles, si no es de hogares destrozados, más precisamente de familias sin papá? [Ojo, señores, no hay familia con la pura mujer]. ¿Acaso entre quienes se debaten en la extrema pobreza no hay un porcentaje muy superior, al del resto de la sociedad, de personas que carecen de una familia bien conformada, es decir con madre y padre? ¿De dónde, si no de hogares destruidos, proviene un porcentaje abrumador de drogadictos?

No es, entonces, un moralismo estrecho ni alguna suerte de trasnochado fanatismo integrista el que lleva a afirmar que el auge de los problemas sociales radica en medida importante en la desintegración de la familia. Este es el tipo de argumentos que desearíamos escuchar de nuestros pastores cuando se dirigen no a los fieles, sino al conjunto de la sociedad. Probablemente, serían mejor escuchados porque aparecerían defendiendo no tanto sus intereses ideológicos, como el auténtico bienestar del país.

Al Estado, sea cual fuere su signo ideológico, le conviene entonces respetar y promover la familia. Porque cuando ésta es fuerte y en su seno se forman las personas en los valores de la convivencia, la democracia es más sólida y real y la gente tiene más posibilidades de ser feliz. Como contrapartida, el quiebre de un matrimonio afecta no sólo a los cónyuges, sino también a sus hijos y la sociedad entera. Tal vez apretándolos un poquito sea posible que muchos "progres", que después de todo son buenas personas, aunque algo frívolas, lleguen a entender estas realidades tan evidentes.

Los que desean legislar sobre el divorcio podrían entonces, haciendo un esfuerzo mental, descubrir que coinciden con el siguiente párrafo, que expresa la postura doctrinal de la Iglesia:

La sociedad y el Estado tiene que aplicar políticas que favorezcan la educación para formar una familia y para cuidar su crecimiento armónico, protegiéndola en su constitución y estabilidad. Es indispensable asegurar la presencia activa y dialogante de la madre y del padre en el hogar, también la convivencia de la pareja, con sus espacios de intimidad.

LEY DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA

La adopción de estos criterios permitiría generar un gran consenso en cuanto a la necesidad de una ley que promueva desde la niñez la educación de hombres y mujeres al amor; que ayude a las parejas en conflicto; que fortalezca a la familia, entendiendo que ésta no es tarea de la mujer, sino de la pareja en su conjunto. Hay que ser creativos. A bajo costo, el Estado puede promover la realización de escuelas para padres en colegios y poblaciones, que podrían ayudar sustancialmente a mejorar la calidad de vida de millones de chilenos, ya que ésta no depende sólo de aumentos salariales o de avances de tipo material. Igualmente, podría otorgar subsidios a la Iglesia, como los que concede a las empresas para la capacitación de su personal, por cada pareja que prepare al matrimonio; y apoyar a entidades como CENFA, que atienden a familias conflictuadas, muchas de las cuales pueden superar sus problemas y mantenerse unidas si tienen acceso a un especialista que las ayude.

En el marco de una ley de esta naturaleza, que testimonie de manera inequívoca el aprecio de la sociedad chilena por la familia, tanto por razones valóricas como prácticas, puede introducirse, para los casos sin solución, agotadas las instancias de arreglo, la posibilidad de divorcio con disolución de vínculo, a fin de regularizar situaciones anormales y aceptar que hay quienes fracasan en su matrimonio.

El arzobispo de Santiago ha procurado cerrar por completo la posibilidad de que los políticos católicos concurran a aprobar una ley de divorcio.

Por graves razones éticas y sociales -y no únicamente religiosas- se excluye la participación de católicos en cualquier intento de legalizar el aborto y el divorcio civil con disolución del vínculo conyugal. No sólo incurrirían los católicos que promuevan en auspiciar (¡¡¡así de mal redactado está el párrafo!!!) en grave falta moral, sino que serían cómplices de más abortos y más divorcios, como son los resultados de esas leyes, según se puede comprobar en todas las naciones que en los últimos lustros las han promulgado. Es decir, habrá más muertes y más desestabilización de las familias, con graves consecuencias sociales, especialmente para los hijos. ¿Ayudará todo esto al pueblo de Chile?

La verdad es que los argumentos de Monseñor Oviedo son muy discutibles desde el punto de vista de las ciencias sociales. No está probado que el hecho de que se legisle sobre el divorcio, que es el punto que nos interesa aquí, acreciente por sí solo el número de separaciones. En una primera fase se produce una explosión de casos porque hay muchos acumulados a lo largo del tiempo, pero después viene una baja. Por lo demás, ¿cómo se va a comparar las cifras, si hasta que no se legisla no hay oficialmente divorcios?

Con todo, la dictación de una ley al estilo de la esbozada aquí no podría ser vista como promotora del divorcio, ya que éste sería un expediente extremo y todo apuntaría, en forma creativa y audaz, a promover de veras la familia y su estabilidad. La discutible admonición del arzobispo Oviedo perdería pues toda vigencia.

UNA NUEVA OPORTUNIDAD

Al lado de una iniciativa así, el proyecto de simplemente legalizar el divorcio aparece como ramplón, ya que no ayudaría a encarar uno de los problemas más serios que afectan a la sociedad chilena de hoy, cual es el deterioro de la familia. En tal sentido, se descubrirá cuánto de cierto hay en la afirmación de monseñor Oviedo:

No es legalizando lo objetivamente malo cómo se resuelven los conflictos antes apuntados, sino a través de medios morales y sociales positivos, que vayan a la raíz del mismo problema y cuyo diseño e implementación es el verdadero desafío que enfrenta la creatividad de los legisladores, educadores y demás responsables de la cosa pública. En líneas generales, se necesita crecer en el respeto a la vida y en la dignidad del amor; contribuir a una seria preparación al matrimonio y trabajar por la estabilidad de la pareja en el matrimonio mismo.

Para la Iglesia, el aborto del proyecto sobre el divorcio no es un éxito, ya que ello no significa que el Estado chileno vaya a asumir una actitud de promoción decidida de la institución familiar. Los partidos políticos, de otro lado, no dan muestras de haber captado la gravedad de la crisis de los hogares y, menos aún, de estar en condiciones de encararla con la creatividad que la misma Iglesia desea. No es como para sentirse muy satisfechos.

De aquí a que se vuelva a plantear en serio el tema de una ley de divorcio pasará algún tiempo. Los "divorcistas" deben aprovecharlo para elaborar un proyecto más integral y políticamente más realista. Y nuestra Iglesia, en preparar su propia propuesta. La suerte de la familia en Chile exigiría que las partes con poder de decisión o veto se apuraran y que también en este caso procuraran un gran consenso.