Reconciliación: penosa fractura de un difícil consenso

AL MANIFESTAR PÚBLICAMENTE su discrepancia con el documento sobre justicia y reconciliación elaborado tras arduas negociaciones por el Comité Permanente del Episcopado, el obispo de Valparaíso, Monseñor Jorge Medina, ha querido dejar en claro que ahora el poder dentro de la Iglesia chilena lo detenta él (y si no, pregúntenselo a Roma) y que lo utilizará sin contemplaciones en defensa de sus preferencias ideológicas y políticas.

Por desgracia, su actitud ha proyectado ante el país la imagen de que ni siquiera los obispos son capaces de llegar a un consenso acerca de cómo avanzar hacia la reconciliación, tarea pendiente de los chilenos. De otro lado, el pragmatismo que destila la postura de Monseñor Medina puede tener implicancias insospechadas en el tratamiento de otros temas de gran importancia ética y social, como el aborto y el divorcio.

RECONCILIACIÓN

Complicado fue el parto del documento con que el episcopado nacional pretendió suministrar una orientación ética a los católicos y personas de buena voluntad al cumplirse 20 años del golpe militar. Es de imaginarse la ímproba tarea que significa poner de acuerdo en estas materias, como en muchas otras que no sean la divinidad de Jesucristo o la existencia del Espíritu Santo, a prelados de mentalidades tan disímiles como Tomás González (Punta Arenas) y Carlos Camus (Linares), de un lado, y, del otro, Antonio Moreno (Concepción), y el obispo que viste uniforme; o al propio presidente de la venida a menos Conferencia Episcopal, Fernando Ariztía, con el secretario general de ese organismo, Cristián Caro.

Meritorio resulta entonces el empeño que desplegaron los integrantes del Comité Permanente por llegar a un consenso que tuviese algún contenido, porque decir cosas excesivamente vagas no habría tenido mayor utilidad. El costo de tan extenuante ejercicio fue que la entrega del documento se hizo a pocas horas del traumático 11 de septiembre.

Por entonces, el naufragio de la llamada ley Aylwin, proyecto mediante el cual el Primer Mandatario trató de superar con realismo y coraje moral los dramas que la dictadura dejó pendientes en materia de derechos humanos, era ya irreversible. Al aborto de la iniciativa se sumaron poco después las insolencias proferidas por Pinochet, se diría que con el calculado propósito de exacerbar los ánimos y de provocar a dirigentes y grupos políticos irresponsables. De esta forma, el país se vio abocado a una rememoración sangrienta del 11, con graves disturbios y vandalismo en las calles, una entusiasta brutalidad policial y un reavivamiento generalizado de las odiosidades.

PEDIR PERDÓN, EXIGENCIA CLAVE

El documento episcopal “El reencuentro que anhelamos” insiste en la necesidad de reconciliación entre los chilenos "con la máxima verdad y con la mayor justicia que sean posibles". Al mismo tiempo, los pastores instan a quienes han tenido responsabilidades personales e institucionales en las violaciones a los derechos humanos a cumplir con el deber moral de clarificar lo sucedido y de pedir perdón por sus faltas. Mención aparte merece la preocupación por los más pobres, en un país cuya economía crece con gran dinamismo, pero en el que las diferencias en los niveles de consumo no parecen estar disminuyendo.

El documento muestra todo el equilibrio que es concebible para examinar la catástrofe que significó el golpe militar de 1973. "El país ha aceptado que en lo fundamental las conclusiones de la Comisión Verdad y Reconciliación revelan una dolorosa realidad y, consecuentemente, se han dado pasos para ir en ayuda de los familiares de las víctimas. Para ser ecuánimes y entender en parte lo que pasó es necesario recordar que hubo tiempos en que grupos defendían la violencia como único método eficaz de alcanzar la justicia y se presentaba la lucha armada como vía política. El diálogo parecía entonces no sólo ambiguo, sino peligroso y hasta inútil".

Sin embargo, el documento enfatiza en que los responsables de hechos dolorosos deben cumplir con el deber moral de aclarar lo ocurrido y pedir perdón por sus fallas. Apunta que nadie puede sustraerse al juicio de Dios que lo interpela, lo mismo que a Caín: "¿Qué has hecho con tu hermano?" El mensaje subraya "la grandeza de expresar arrepentimiento, de pedir y otorgar (en ese orden) perdón".

Al dar a conocer el documento, Monseñor Ariztía aseguró a los periodistas que los obispos habían llegado a consensos en estos temas, declaración que pronto se revelaría como un simple buen deseo.

MEDINA DESAUTORIZA AL EPISCOPADO

Amplios sectores de Izquierda, aunque por desgracia no todos, han tenido el coraje de reconocer la gravísima responsabilidad que les asiste en la gestación de las condiciones que hicieron posible el golpe militar. La visualización de la actividad política como un campo de batalla en el que había que aplastar a los adversarios fuere por la vía electoral o por la fuerza, el menosprecio por la democracia y los derechos humanos, y el desdén por leyes elementales de la economía constituyeron, qué duda cabe, factores determinantes de la profunda crisis a la que se precipitó el país a comienzos de los setenta. Es promisorio que estos grupos hayan reconocido públicamente sus fallas y dado pruebas sólidas de su adhesión a la democracia.

Por el contrario, el General Pinochet, pese a su publicitado catolicismo, ha declarado con arrogancia una y otra vez que no tiene nada de qué pedir perdón. Con sus palabras y actuaciones de los últimos años ha boicoteado objetivamente la reconciliación nacional y creado nuevas odiosidades. El mensaje de los obispos lo dejaba en posición inconfortable, ante lo cual Monseñor Medina decidió una vez más ir en su ayuda, aun a costa de provocar una fractura al interior del Episcopado.

Sabedor de que el documento estaba en gestación, Medina se apresuró a declarar que el peso de la carga de la reconciliación debían asumirlo los familiares de las víctimas, los cuales estaban, en su opinión, obligados a perdonar incluso si se les seguía negando el acceso a la verdad de lo sucedido con los cadáveres de sus deudos. La reconciliación profunda de los chilenos pasa por el perdón, pero éste, argumentó, no requiere necesariamente esclarecer los hechos hasta el último detalle. Mencionó a vía de ejemplo lo sucedido en 1939 en el edificio del Seguro Obrero en Santiago, donde decenas de jóvenes fueron ejecutados durante una protesta. "Si se revisan los diarios de la época se verá cómo el bien político del país en ese momento postuló una solución que no pasó por lo que en un caso común y corriente pudiera haber pasado".

Producida la declaración del Episcopado, Medina insistió, en flagrante contradicción con lo postulado por la abrumadora mayoría de los obispos, en su tesis de que los responsables de graves violaciones de los derechos humanos no están obligados a manifestar arrepentimiento. "Pedir perdón es un acto muy hermoso cuando uno está consciente de haber causado un daño, pero no siempre es una obligación hacerlo externamente... En moral se estima que quien ha cometido un delito no está obligado a reconocer públicamente que él es autor".

Tratando de dar más fuerza a su argumentación aludió a que el tiempo borra por sí solo las faltas, sin necesidad de arrepentimiento del pecador. Recordó al efecto la expropiación, por parte de la Corona de España, de los bienes de la Compañía de Jesús, cuando ésta fue expulsada del Imperio en tiempos de la Colonia. "Pasado algún tiempo, la Iglesia admitió que ese acto había prescrito, ya que no se podía seguir dándole vueltas: la tranquilidad del país, la tranquilidad de la propiedad, de los que habían sido bienes de los jesuitas, exigía una sanación". Quienes libremente recurren al aborto pueden deducir de estas palabras que después de todo no hay por qué preocuparse de la sanción que les impone la Iglesia, ya que con el paso del tiempo, y aun cuando se arrepientan, la sanción prescribirá.

UN ENFOQUE MORAL DEMAGÓGICO

En síntesis, Medina exige a los familiares de las víctimas que perdonen sin preguntar más y de buena vez, al tiempo que exime a los responsables de los crímenes de la obligación de reconocer sus faltas. "Como todos somos pecadores, ninguno puede pedir perdón a Dios si no está dispuesto a perdonar a quien lo ha ofendido. Así lo dice el Padrenuestro".

La postura del obispo de Valparaíso adolece de graves debilidades desde el punto de vista ético. La propia declaración del Episcopado allega sólidos antecedentes a este respecto. Nosotros preferimos recurrir a los argumentos esgrimidos por un laico católico, el abogado Hernán Montealegre.

"El perdón no pone condiciones. Sólo perdona. Es gratuito. Y perdona aun lo imperdonable". Estas palabras, que algún lector desprevenido podría creer que provienen de algún nuevo santo chileno, no sólo no son santas, sino que son derechamente inmorales. Con lo desagradable que es la demagogia en política, en materias de moral es intolerable. Perdonar sin condiciones significa nada menos, asegura el jurista, experto en derechos humanos, que condescender con el mal; más todavía, premiarlo. Significa borrar la distinción fundamental en que se mueve el orden ético.

El reconocimiento del mal que se ha hecho es la condición inexorable del perdón para que éste se ponga al servicio del bien. Se trata de dar al victimario una nueva oportunidad para que, apartándose del mal, opte por el bien. Pero el mal es astuto; tan astuto, que a veces se oculta bajo las más bellas palabras.

Recuerda Montealegre que el cristianismo no sólo es una religión de amor, sino también de justicia. "Quien no sea capaz de incorporar los requisitos objetivos de la justicia dentro del mandato de amor a Dios y al prójimo, no ha entendido la religión cristiana". Y precisamente es en su concepto del perdón donde el cristianismo muestra su esencia de amor y de justicia. Invita al hombre a perdonar "hasta setenta veces siete" y esto hace que el perdón sea una manifestación y una prueba del amor verdadero. Pero, a la vez, es la religión que más que ninguna otra condena el mal, al tiempo que enseña que habrá un juicio definitivo a la humanidad y que salir de la maldad de este mundo ha costado nada menos que el sacrificio del Hijo de Dios.

La religión cristiana hace de la libertad el atributo esencial del hombre. Pero no hay forma de salir del mal sin reconocer que se está en el mal. Como la otra cara de la libertad es la responsabilidad, la moral cristiana, sabiamente, o, mejor aún, inexorablemente, pide que el caído se arrepienta del mal en que ha incurrido de manera deliberada. Para ello exige gestos de arrepentimiento, como los tradicionales de la limosna, el ayuno, la oración y las penitencias en general. Hecho esto, se logra una reconciliación del hombre con el bien, y el mal resulta derrotado.

LA OBLIGACIÓN DE PERDONAR... Y DE PEDIR PERDÓN

Por nuestra parte opinamos que, si bien la Iglesia debe ser incansable para llamar al arrepentimiento a los pecadores, diciéndoles que el Señor los aguarda con los brazos abiertos y que ése es camino insustituible para la paz interior y la felicidad, también debe esforzarse por llamar a las víctimas a conceder el perdón. Es preciso actuar en ambos frentes al mismo tiempo; al fin y al cabo todos somos diariamente ofensores y ofendidos.

Lo repudiable en la postura del obispo Medina considerada en el vacío, esto es con abstracción de sus motivaciones políticas, es que ponga el acento en la

exigencia de perdonar y manifieste extrema blandura en cuanto al imperativo de pedir perdón.

Nos atreveríamos a decir que la exigencia tiene que ser más dura respecto del ofensor, y no de la víctima. Si esta última ve que el ofensor no da señales de arrepentimiento, tiene perfecto derecho a que su deseo de justicia sea más fuerte que el de perdón. "Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia" proclama Jesús. Y sin bien sus palabras no se agotan en la justicia puramente humana, por cierto no la excluyen.

Es cierto que, como señala otro destacado laico católico, Arturo Montes, el condicionamiento del perdón coloca al ofendido en una situación de superioridad ante el penitente: "primero, reconozca su crimen; segundo, declárese arrepentido; y, tercero, pídame perdón. Después de lo cual, sólo después, yo le arrojaré, si quiero, mi perdón". El perdón así concedido no perdona nada; es amenazante, orgulloso y humillante. En cambio, quien perdona gratuitamente no humilla a nadie.

Las observaciones de Montes resultan pertinentes sólo cuando se trata de un pecado que ya se cometió, pongamos por ejemplo un asesinato horrendo, pero cuyo autor no se jacta del hecho y está sometido a la acción de los tribunales. Distinta es la situación cuando el victimario no sólo no manifiesta ningún arrepentimiento, sino que se permite incluso hostilizar a las víctimas, sabedor que no sufrirá ninguna sanción en el reino de este mundo.

Sostiene Montes que el reconocimiento del mal cometido no tiene por qué ser explícito, pudiendo ser íntimo y subjetivo. Nosotros replicamos que si el pecado daña a una persona o familia, tal vez no resulte imprescindible un reconocimiento público de la falta. Pero si se ha causado daño de repercusiones macros, que ha tenido efectos sobre el conjunto de la sociedad, no puede considerarse suficiente que el ofensor, en la soledad de su conciencia, en presencia sólo de Dios, se manifieste contrito.

Otro punto fundamental que Montes parece ignorar es que el arrepentimiento tiene que ir acompañado de intentos por reparar en la medida de lo posible el daño causado o de atenuar el dolor de las víctimas o sus familiares. En tal sentido es aterrador comprobar que pese al tiempo transcurrido, hay mucha gente a la que se le sigue negando la entrega de los despojos de sus familiares.

NUESTRAS PEQUEÑECES COMO IGLESIA

Quedan así en evidencia las debilidades de la postura del obispo Medina, tan categórico, por otro lado, para condenar sin contemplaciones ni matices a quienes difunden el condón para frenar el avance del Sida o proponen leyes para encarar problemas sociales tan graves como el aborto o el divorcio. Como él es ahora un hombre de mucho poder dentro de la Iglesia, pocos serán los obispos, y menos los fieles, que se atrevan a representar los excesos en que incurre y los costos que ellos significan para el país y la Iglesia.

La ciudadanía se ha quedado con la impresión de que los jerarcas de la Iglesia fueron incapaces de alcanzar un consenso para la entrega de una orientación ética a una sociedad que sigue profundamente escindida.

Es probable, por otro lado, que personas que recibieron el bautizo y que se proclaman cristianas encuentren en este episodio la excusa para seguir negándose al indispensable paso del perdón que los reconciliaría con el Señor y con el país y que podría desencadenar ese círculo virtuoso que surge cuando estalla la paz.

Este desgraciado hecho deja en evidencia que la Iglesia está marcada por las mismas debilidades y miserias que las entidades humanas. Así ha ocurrido, por lo demás, a lo largo de toda su historia. Ello nos obliga a plantarnos sin arrogancias, sino que con humildad, no sólo frente a nuestro fundador, sino también ante un país al que, no obstante nuestras fallas y limitaciones, seguimos, como Iglesia, llamados a servir y a reconciliar en nombre de Jesús.