Locademia de Policía no es la única culpable

CHILE SE APRESTA a gastar cientos de millones de dólares en la compra de F 16 para la defensa del país, pero varias adolescentes de familias humildes, habitantes de un pueblo marginal satélite de Iquique fueron desapareciendo una tras otra, sin que las autoridades ni la policía se abocaran con la diligencia debida a esclarecer su destino. Hasta que por simple casualidad quedó al descubierto que se trataba de una serie de asesinatos perpetrados por un psicópata, vecino de las víctimas. ¿Para qué gastar tan cuantiosos recursos en protegernos de un supuesto enemigo externo, si somos incapaces de asegurar siquiera la integridad física de nuestros niños y jóvenes?

Ante lo sucedido, cuesta saber de qué abismarse más: si de la frialdad con la que el violador perpetró sus crímenes; de la extrema ineptitud y desidia de los efectivos (mejor dicho inefectivos) policiales; o la facilidad con que las autoridades se lavan las manos y sacrifican cabezas de mandos medios para encubrir su falta de compromiso con la gente.

La responsabilidad directa recae sobre Carabineros y especialmente Investigaciones (a la que bautizamos algún tiempo atrás en estas columnas como "Locademia de policía"), ya que por desidia o simple, aunque inexcusable ineptitud, fueron incapaces de abrirse a una hipótesis distinta de la que elucubraron en un principio, cual era el abandono de hogar por parte de las niñas con el objeto de escapar de realidades domésticas sórdidas y de ganar dinero fácil mediante el ejercicio de la prostitución en Bolivia o Perú. Las policías civil y uniformada carecieron de la inteligencia emocional mínima para escuchar a los padres de las víctimas y sospechar siquiera de que las desapariciones podían ser fruto de la acción de una mente desquiciada.

Es cierto que las viviendas provisorias que se han ido levantando en Alto Hospicio, en la periferia de Iquique, sirven de albergue a hogares estragados por las drogas, la violencia intrafamiliar, la sexualidad promiscua, la irresponsabilidad y la ausencia de normas morales. Pero esos son rasgos que cruzan transversalmente hoy en día todos los estratos de nuestra sociedad. Con razón se ha dicho que la actitud de las policías evidencia un clasismo exasperante. Porque si hubieran desaparecido dos adolescentes rubias, de apellidos extranjeros, alumnas del Colegio Saint Margaret o de las Monjas Inglesas de Viña del Mar, el despliegue policial habría sido mayúsculo y a ningún jefecillo policial se le hubiese ocurrido ensayar la hipótesis de que las niñas habrían escapado en forma voluntaria para liberarse de una siniestra realidad familiar.

Sin embargo, cada vez existen mayores evidencias de que en los hogares pudientes de Santiago, Viña del Mar y otras grandes ciudades del país, el clima moral en que se desenvuelven los hijos es deplorable. A menudo, la extrema riqueza económica va de la mano de la extrema miseria moral. Reportajes publicados en la Revista del Sábado dan cuenta de las hazañas de las jovencitas del barrio alto de la capital en las noches de carrete, al término de las cuales vuelven a sus casas en radiotaxis enviados por sus padres, que prefieren usar este medio antes que sacrificarse en recogerlas ellos mismos.

No menor es la responsabilidad de los jueces. Es cierto que ellos, según señaló el Presidente de la Corte Suprema, no son los llamados a investigar, que para eso están detectives y carabineros. Sin embargo, los jueces que son algo más que simples burócratas se las juegan por los casos que llegan a sus manos, insisten ante los jefes policiales, reiteran instrucciones. La sola designación de un ministro en visita puede ayudar a agilizar diligencias si el instructor es una persona interesada en esclarecer la verdad. Algunos emblemáticos casos de violación de derechos humanos han servido para demostrar que cuando un juez es un carajo, las investigaciones se estancan por años y décadas; pero cuando es servidor de la justicia, los delitos se esclarecen y los criminales quedan expuestos a la condena moral al menos, ya que existen leyes de amnistía que los amparan.

Similar reproche cabe formular a las autoridades de los poderes ejecutivo y legislativo. Parlamentarios de la zona se han sumado al coro de los críticos, pero no se sabe de ninguno de ellos que haya dejado los pies en la calle para golpear puertas que permitieran agilizar las pesquisas o que haya quedado roncos de tanto denunciar la lentitud o la inepcia de los efectivos policiales o la renuencia de los tribunales para designar un ministro en visita.

Más censurable todavía es la actuación del cada vez más insulso Ministro del Interior, quien ha protagonizado sucesivas volteretas desde que se destapó el caso, primero brindando decidido apoyo a los cuerpos policiales, para después descartar cortes de cabeza (destituciones) y terminar anunciando algunas renuncias forzosas de mandos medios.

Dando muestras que ya se encuentra agotado tras varios años de ejercicio de funciones ministeriales en los dos últimos gobiernos, Insulza argumentó en un comienzo que no cabía hablar de negligencia, dado que la policía había movilizado amplios recursos y elementos para ubicar a las niñas. El problema es que los movilizó en la dirección equivocada. Yo puedo mover aparatosamente mis tanques y tropas hacia el sur, pero obtendré poco si la invasión viene desde el norte. "A raíz de la investigación adecuada y satisfactoria de un delito [el secuestro y violación de una menor que quedó viva e identificó a su agresor] se descubrió que la persona cometió también otros crímenes y esa es la situación que ocurrió ahora", apuntó el Ministro. Como para pedirle la renuncia. Habría sido el colmo que la policía no hubiese hecho caso de las declaraciones de una joven violada y que había estado a punto de morir asesinada, las cuales permitieron identificar y detener al asesino múltiple.

La actitud más rescatable parece haber sido la del Presidente Lagos, que ofreció públicas disculpas a los deudos, confesando que en su última visita a Iquique contaba ya con antecedentes preliminares acerca de lo sucedido, pero no pudo revelárselos a los deudos porque aún no estaban confirmados.

El problema de fondo

"Hay prejuicios que tiene la sociedad entera, los medios de comunicación, los jueces, los que investigan y también las policías", manifestó el Ministro de Información, Claudio Huepe. Y es cierto. Muchos de quienes rasgan vestiduras contra las policías, los jueces o las autoridades, o de quienes movidos por despreciables cálculos electoreros piden la pena de muerte contra un desquiciado mental, viven discriminando a sus conciudadanos, sea por su extracción social, nivel educacional, patrimonio o apariencia física.

Hay algo más profundo y que duele en especial a quienes han sido convencidos partidarios de la Concertación. Los sucesivos gobiernos de esta alianza acusan un creciente divorcio respecto de la gente común. Las autoridades de los más diversos niveles parecen, salvo excepciones, gozarse en darles a las personas comunes y corrientes el trato de siervos, ante que el de ciudadanos. En consecuencia, esas autoridades hablan, emiten mensajes, pero no escuchan o a lo sumo hacen la faramalla de que escuchan.

Los pacos y los tiras a cargo de las pesquisas no escucharon a los familiares de las víctimas. Partieron con una hipótesis preconcebida y fueron incapaces de abrir los ojos, los oídos y el corazón. Por eso fallaron de manera tan estrepitosa.

Lo mismo pasa con numerosas autoridades de Gobierno, a las cuales habría que exigirles mucho más pues llegaron a sus cargos con la promesa de servir sobre todo a los humildes, a los que carecen de voz. En lugar de ellos, se han ensoberbecido en el poder. Por eso, los alcaldes no contestan las cartas que les envían los ciudadanos, los jefes de servicios o seremis no se dignan contestar las críticas o sugerencias que se les formulan por la prensa, los gerentes de empresas públicas no se dan por aludidos ante peticiones o denuncias. Y el Ministro Claudio Huepe tramita por más de un año una solicitud de entrevista formulada por el editor de este periódico: total, puede dispensar impunemente un trato vejatorio a un periodista de un medio modesto de una de las provincias del imperio con asiento en la Moneda.

La actitud desdeñosa de las autoridades es percibida por la gente común y es una de las causas de fondo de la apatía ciudadana y del desencanto con que se visualiza la democracia.

Cortar las cabezas de algunos mandos medios policiales, mientras siguen muy firmes sobre sus hombros las de los altos mandos de Investigaciones y Carabineros de Chile servirá de poco. Se requiere que al frente de ambas instituciones haya personeros convencidos que en lugar de prodigarse loas, entiendan que deben legitimarse ante los ciudadanos, que son sus patrones, brindando un buen servicio. Pero el ultraje y asesinato que sufrieron las niñas de Alto Hospicio y el asesinato de imagen de que las hizo víctimas el sistema establecido resultarán por completo en vano si es que los políticos en general, sobre todo los que militan en los partidos de la Concertación, se muestran incapaces de redescubrir que su permanencia en el poder sólo tiene legitimidad si es que saben escuchar de veras a la gente. Escuchar no sólo con los oídos, sino que la mente y el corazón.